La violencia política comenzó a cobrar víctimas en la juventud venezolana. Triste, pero cierto. Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años de edad, falleció la noche del pasado jueves 6 de abril durante una manifestación en Montaña Alta, ubicado en el municipio Carrizal del estado Miranda.
Este es un hito que marca el devenir de estos días que lucen como una avalancha de acontecimientos que se vuelcan hacia nosotros desde el exterior y los sucesos propios de nuestro país.
La Organización de Estados Americanos (OEA), en intensas y constantes reuniones de evaluación del informe presentado por su Secretario General, Luis Almagro, para lograr los votos necesarios que conduzcan a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de Venezuela han mantenido a la población expectantes. Desde el mes de junio de 2016 la OEA tomó la decisión de evaluar el informe sobre Venezuela presentado por el Secretario General pasando a un estatus de “revisión”. Sin embargo, el panorama ha cambiado y ahora algunos países que no accedieron el pasado año a expresar una intencionalidad que haga necesaria dicha evaluación.
La Cancillería anunció que era una victoria para Venezuela que no se haya contado con el consenso necesario, en palabras de Delcy Rodríguez “No está aplicándose ninguna Carta Democrática, ni se ha activado ninguna Carta Democrática. Lo que se diga en los pasillos, lo que se diga en los medios de comunicación es distinto. Pero a los efectos del proceso y de los procedimientos contemplados en la carta, inclusive para su aplicación o activación no está prevista y no está en marcha ninguna Carta Democrática”.
Mientras que los voceros de la oposición por su parte declaraban como hecho la aplicación por sus logros en la OEA y diciendo ante cámaras y micrófonos de medios internacionales que el Gobierno Nacional iba a sufrir la derrota ante el organismo interamericano, un giro se daba en el Consejo Permanente de la OEA, cuando el embajador de Bolivia quien preside este Consejo, canceló la sesión del lunes 3 de abril por fallas en el procedimiento de convocatoria, pero los embajadores de 12 países siguiendo instrucciones de sus gobiernos decidieron retomar la reunión y eligieron a Honduras para “presidir” la sesión. ¿Ilegalidad en el seno de la OEA con la fi nalidad de desacreditar a un país miembro?
Sin embargo, el diputado Julio Borges solicitó en la misma oficina del secretario general de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Washington, la intervención de la OEA y al mismo tiempo, cruzando la calle se dirigió a la sede del Senado delos EEUU pidiéndoles que sancionara a los responsables de la represión en su país. El Presidente de la Asamblea Nacional se ve retratado con los líderes de Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. El fin de semana que marca el inicio de la Semana Mayor podríamos decir que fue “caliente” para esa prensa del exilio cubano en la Florida y que suele tener repercusiones en todo el continente. Las palabras de Borges resonaron alto más allá del Senado norteamericano: “pedimos la mayor presión posible frente a funcionarios que violan los derechos humanos”, ya que la gira del Presidente de la Asamblea Nacional venezolana concluyó con un foro dirigido por el periodista del Miami Herald, Andrés Oppenheimer.
Esto en lo que refiere a esa avalancha noticiosa internacional. Dentro de Venezuela la pauta fue dada por las sentencias 155 y 156 que dictara el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y todos sus desencadenantes.
De nuevo campea la polarización ante este tema tan polémico y que requeriría un análisis más profundo. Lo cierto es que apenas a unas horas de dar a conocer estas sentencias del Tribunal Supremo, la representante del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, dejó en evidencia que existe separación en el ámbito de los poderes del Estado al alertar que las recientes sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia constituyen una ruptura del orden constitucional: “Considero un deber histórico ineludible (…) referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ (…) En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.
Cinco días después de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera las llamadas “sendas sentencias aclaratorias” para agregárselas a las sentencias 155 y 156, el presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se pronunció al respeto y expresó que el Consejo Moral Republicano: “Declara improcedente la solicitud de calificación de falta grave contra magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Las sentencias 155 y 156 del año 2017 fueron de ofi cio aclaradas mediante decisiones complementarias de la misma fecha”, dirimió Saab haciendo un llamado a la calma en el país.
Pero la “verdad verdadera”, como decían los viejos antes, es que no hay calma. Lo cierto es que el Tribunal Supremo echó para atrás sus dictámenes y que el Gobierno pidió en cadena nacional esta rectificación. Los grandes actores están en el escenario, pero la violencia llegó a la calle y pudiera estarse iniciando un ciclo nefasto que conllevaría a escenarios violentos en donde los menos involucrados son los que pagan las consecuencias. Es fundamental promover la paz, la concordia y sobre todo promover el respeto a la vida.