Efraín Brito
Investigador y periodista

A raíz de la polémica generada hace algunos días por el Decreto emitido por las gobernaciones de los estados Táchira y Vargas, que prohíben el uso de capuchas, facsímiles de rostros y pasamontañas en las manifestaciones violentas, hemos hecho un recuento por distintos países que han aplicado medidas similares:

Estados Unidos

Estados Unidos La prohibición de las máscaras en manifestaciones públicas tiene un origen remoto. La primera ley fue aprobada en 1845 en el estado de Nueva York. Fue adoptada en respuesta a eventos en el Valle de Hudson, donde los arrendatarios locales disfrazados de indios americanos habían atacado y matado a los propietarios. La ley incluye excepciones para fiestas de disfraces y eventos similares. Según el diario The New York Times la policía neoyorkina ha utilizado periódicamente la ley durante las manifestaciones políticas. En 2002, por ejemplo, los comandantes dijeron que iban a hacer cumplir la ley durante las protestas que acompañaron a las reuniones del Foro Económico Mundial en Manhattan. Durante el año pasado, la policía ha citado regularmente la ley máscara, al apresar los participantes en las reuniones y marchas conectados al movimiento Occupy Wall Street.

Foto: nytimes.com

Canadá

Foto AFP

El parlamento canadiense aprobó el 19 de junio de 2013 una ley que prohíbe el uso de máscaras durante motines o en situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía. La Ley denominada “Proyecto C-309” prevé condenas de hasta 10 años de prisión a quién incurra en dichos delitos. Dicha normativa se apoya en el propio Código Penal de Canadá, el cual en su artículo 351 cita textualmente: “Todo el que, con la intención de cometer un delito grave, tiene su cara enmascarada o de color o se disfraza de lo contrario, es culpable de un delito grave y pasible a prisión por un período no superior a diez años”. Con algunas excepciones, un delito grave en Canadá es uno que está sujeto a una multa de más de 5.000 dólares canadienses o prisión de más de seis meses.

Francia

El 20 de junio de 2009, fue formalizada una Ley que multa con una suma de 1.500 euros para cualquier persona que “voluntariamente oculta su rostro para no ser identificado” en eventos donde existe alteración del orden público. El periódico Le Monde refi ere que además, dicha Ley prevé una multa de 3.000 euros para aquellos que reincidan en dichas prácticas.

España

España es uno de los países dónde las leyes contras las protestas públicas han sido más cuestionadas. En el año 2015 fue sancionada la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida en los medios como “Ley Mordaza” y en la cual se prevé en Articulo 16 y 33 una sanción de 30.000 euros para aquellos que le dificulten a las autoridades su identificación en manifestaciones y protestas a través de la ocultación del rostro “por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra”. Los casos de obstrucción de vías, llamados a la violencia o a la desobediencia civil, son considerados por la Ley española como delitos muy graves y son sancionados con multas de hasta 600 mil euros. Por otro lado, un artículo de la referida Ley prohíbe la toma de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de que “pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. Incumplir esta norma está considerado como falta grave, y las sanciones establecidas serán de entre 600 y 30.000 euros.

Argentina

En la era Macri, Argentina vive su propia historia contra las manifestaciones públicas. La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aprobó en febrero de 2016 a través del Consejo de Seguridad del Interior, un “Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas” que se conoce popularmente como “Ley Anti-Piquetes”, el contenido de esta normativa podría ser resumido por las mismas palabras de la Ministra Bullrich al declarar que se aspira darles cinco minutos para que acaten la orden: “Le pedimos que se retire por las buenas, haga la manifestación al costado. Si no se van a los cinco o diez minutos, los sacamos”, además añadió “No queremos encapuchados ni palos” comentó la ministra de Seguridad. El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina considera al respecto de dicho protocolo que “coloca al orden público por encima de todo y pondera la circulación por sobre la integridad de las personas y los derechos a la protesta y a la libertad”. Pero lo que a juicio de los investigadores es más grave tiene que ver con que “tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles. Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta”. Sin lugar a dudas, las prohibiciones de capuchas, máscaras y cualquier cosa que se le asemejen en eventos de protestas y manifestaciones, forman parte de políticas de seguridad ciudadana en algunos países desarrollados entonces, ¿Por qué es cuestionada en Venezuela?

Foto: elpais.com