En la trama de la coyuntura económica venezolana, signada por la caída de los precios petroleros y por el enrarecimiento y caotización de los sistemas de abastecimiento y precios, irrumpe la llamada “guerra del pan”, o la puesta en escena del Ejecutivo venezolano de cara a sectores panaderos que mantienen actividad en un renglón sensible al consumo de la población.
El sector panadero comprende un circuito de pequeñas y medianas empresas panifi cadoras y productoras de pan. Aunque no es del todo nuevo, éste es un enfrentamiento sui generis, pues coloca al Ejecutivo venezolano frente a un sector compuesto predominantemente por procesadores y distribuidores al detal y no frente a un oligopolio u monopolio agroindustrial, como suele pasar. Sin embargo, las regulaciones estatales y la proliferación de denuncias contra panaderos como expresión de “la guerra del pan”, es resultado de un entramado mucho más complejo. Veamos.
Datos esenciales para la comprensión de la situación-problema
Un dato a señalar es el hecho de que por la ausencia de condiciones climáticas, la principal materia prima del pan, el trigo, no es producido a gran escala en Venezuela y es un rubro sujeto a importación en un 98.5%, según cifras del Ministerio de Alimentación correspondientes al año 2016. Éste es un rubro sujeto a la importación exclusiva del Estado y se encuentra bajo medidas de protección cambiaria al ser importado a la tasa DIPRO de 10 Bs por dólar. Las importaciones mensuales de trigo promediaron la cifra de 75 mil toneladas durante el año 2016, lo que constituye un promedio de importación 2,5K por habitante al mes.
El trigo no sólo es importante para la producción de pan, también es empleado para el procesamiento de pastas, confi tes y venta de harina al detal con ingredientes leudantes para el consumo familiar. Las cifras correspondientes al 2016 dan cuenta de una importación decaída de este rubro, lo que implica escasez relativa, si se compara con la rotación del rubro en años anteriores (como 2012), donde la cifra podía alcanzar la importación de unas 90 mil toneladas de trigo mensuales. Ahí comienza la ruptura del ciclo armónico de disponibilidad del rubro. Comienza también en ese punto, la desviación del trigo para fi nes no esenciales (como galletería y otros confi tes) que dejan más dividendos a los industriales y se inicia un ciclo de inestabilidad en la colocación del trigo para productos regulados y sensibles como las pastas y el pan.
Por otro lado, el mercado de harina panadera está dirigido por un oligopolio, un circuito muy reducido de empresas procesadoras de trigo (molinos) que lo convierten en harina. El 78% de todo el mercado de harina panadera es regido por las empresas Cargill (transnacional estadounidense), Molvenca (De Guiseppe Sindoni), Mocasa y Monaca (del grupo Polar) quienes manejan su circuitos de suministro y distribuyen a los sectores panaderos. Luego de sucesivas denuncias sobredesviación de la harina para otros usos, para megacontrabando y megabachaqueo, en detrimento a los panaderos y por desmanes de parte de las grandes distribuidoras, el Estado comienza un proceso de articulación y seguimiento a las empresas para aumentar la efi cacia en la colocación de la harina. En el contexto de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el Estado inició un ciclo de inspecciones a empresas y seguimiento constante a las guías de movilización de esos productos, pasando incluso por un ciclo de reuniones con sectores y gremios panaderos en todos los estados del país en el 2016 para monitorear de manera conjunta el suministro de la harina. Dicho de otra manera, comenzó a articularse un círculo virtuoso orientado a efi cientar los mecanismos distributivos de ese sensible rubro.
La distribución poco equitativa de las culpas
Los comercios registrados como panaderías que procesan y distribuyen al detal alcanzan la cifra de 13 mil locales en todo el país, sin incluir a un contingente enorme de panaderos artesanales y sin incluir panifi cadoras que elaboran el producto. La atención se centra en los panaderos en esta etapa.
La Federación de la Industria de la Panificación (Fevipan), representante gremial de las panaderías privadas, emite el argumento de que, según sus propias mediciones, la demanda mensual se encuentra en 120 mil toneladas de trigo, aunque en años como 2012 el país se encontraba plenamente abastecido con la cifra de 90 mil toneladas de trigo al mes. Han dicho además que el 80% de las panaderías tiene su inventario en 0%, desconociendo lo que muchos venezolanos apreciamos en el día a día: Panaderías sin pan regulado, pero llenas de productos a base de trigo como cachitos, minipizzas, hojaldres y muchos otros, que a precios exorbitantes superan cualquier tipo de regulación.
Según Fetraharina, el gremio que reúne a las empresas del oligopolio molinero del país, la cifra de 120 mil toneladas de trigo al mes, sería la indicada para equilibrar el suministro. Pero ésta no es la única cifra que han manejado. En 2015 y 2016, Fevipan y la Asociación de Panaderos de Guanipa afi rmaban que para “estabilizar la producción” se necesitan “300 mil toneladas de trigo al mes”, una cifra absolutamente exorbitante e incongruente no sólo con los históricos de importación, es además incongruente con la capacidad logística de almacenamiento del rubro a nivel nacional, el cual no superaría el acopio de unas 200 mil toneladas al mes, según el Ministerio de Alimentación. Estas especulaciones matemáticas dan pie a la presunción del desarrollo de un conjunto de vocerías concentradas en la evasión de culpas y la distribución irresponsable de las responsabilidades. Los panaderos (muchos de ellos como parte integral del problema) son epicentro de las suspicacias a la luz de las consecuencias de un sistema de procesamiento y distribución de trigo sujeto a los sabotajes y a los señalamientos con propósitos políticos. Hablamos de un entramado que va desde los molinos, sus distribuidoras y luego con más impacto, en las panaderías que en teoría deberían hacer llegar el pan de manera oportuna y bajo condiciones de regulación a la población consumidora.
Los niveles de politización del hecho económico han llegado a tales niveles, que Fevipan contradice sus propios señalamientos. Una investigación de Andrea Ballesteros (con base a estimaciones de Fevipan) para “Tal Cual” reseñó que la demanda real de pan se encuentra en las 60 mil toneladas al mes, no en 120 mil. Fevipan exige esa segunda cantidad, resalta el reportaje, para “garantizar inventario” mas no para suplir la demanda real de la población. ¿Garantizar inventario de pan o de productos a base de harina no regulados? Debemos preguntarnos. Evolución de la “Guerra del pan” El Estado por su parte ha emprendido una apuesta por el desarrollo de un circuito de panaderías comunitarias para abastecer a la población incluida en los CLAP en comunidades organizadas. La “guerra del pan” tomó otro giro. El Estado se encamina al incipiente desarrollo de un sistema solidario y alternativo de panaderías.
Por otro lado el Ejecutivo también ha impuesto horarios, precios y cuotas de producción de pan regulado a los panaderos, bajo la amenaza de multas, sanciones o toma temporal de los establecimientos, todo para apretar las tuercas y regularizar la actividad en el sector como respuesta a innumerables denuncias de desmanes por parte de panaderos.
Franco Vielma
Sociólogo
@Franco_Vielma