Víctor Álvarez @victoralvarezr

Debido al grado de desajuste que muestra la economía nacional, muchos colegas economistas consideran que no hay más remedio que aplicar medidas draconianas de fuerte impacto antipopular para abatir la inflación e iniciar la reactivación del aparato productivo. Desde mi perspectiva, aún hay margen de maniobra para conseguir buenos resultados económicos en el año 2017 sin tener que aplicar un programa de shock, cuyo costo social lo pague la población más vulnerable. La clave está en aplicar las medidas elementales que son de sentido común y amplio consenso, en la secuencia y velocidad adecuadas.

Medidas al alcance de la mano

Para corregir las distorsiones macroeconómicas lo primero que hay que hacer es unificar el régimen de cambios múltiples en un solo precio oficial de la divisa, a un nivel que exprese la verdadera competitividad de la producción nacional. La corrección de las distorsiones cambiarias obliga a sincerar los precios para que reflejen los costos y permitan obtener una ganancia que estimule la inversión.

Se impone una reforma fiscal para combatir la evasión, eliminar exoneraciones indebidas, sincerar el precio de la gasolina y de las tarifas de servicios de gas, agua y luz y aumentar los ingresos fiscales para erradicar el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero inorgánico. Por el lado del gasto hay que racionalizar el presupuesto público, eliminar los gastos superfluos y sustituir los ineficientes subsidios indirectos por subsidios directos a los hogares pobres.

Imprescindible es armonizar la política macroeconómica con las políticas sectoriales para reactivar la producción nacional. Con cuatro millones de hectáreas que se expropiaron y están improductivas, una industria que opera a menos del 40% de su capacidad instalada y unas empresas estatizadas secuestradas por el burocratismo y la corrupción, la corrección de los desajustes macroeconómicos complementado con incentivos de política agrícola e industrial permitirá reactivar ese potencial para vencer la escasez sin tener que realizar grandes inversiones.

Para no entorpecer la reactivación productiva, la política monetaria y financiera se debe manejar con prudencia. Si se liberan las tasas de interés antes de que la inflación haya sido controlada, como las tasas de interés persiguen la inflación, los altos costos financieros abortarían la reactivación agrícola e industrial. Primero hay que corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario y abatir la inflación para que luego sea viable la liberalización de los mercados financieros.

La devaluación necesaria

Cuando los precios del petróleo están altos, la venta de petrodólares a bajo precio ha sido el mecanismo más popular para distribuir la abundante renta petrolera. En mayor o menor medida, en Venezuela todos hemos sido rentistas: desde el empresario que recibe petrodólares baratos para importar materias primas, maquinarias, etc., hasta los sectores populares que se benefician de la inversión social de la renta petrolera, pasando por la clase media que disfrutó de su cupo de Cadivi para viajar al exterior y del cupo electrónico para comprar en Internet.

La tasa de cambio es un canje de capacidad de compra interna en bolívares, por capacidad de compra externa en dólares. Con base en una tasa de cambio oficial, el Estado pone en manos privadas la renta que es propiedad pública. Si el gobierno vende los petrodólares baratos, entonces entrega más poder de compra externo del que recibe, por unos bolívares que compran mucho menos en el mercado interno. Cuando los bolívares convertidos en dólares compran más en el extranjero que en el país, la tasa de cambio está sobrevaluada. Mientras que la subvaluación de la tasa de cambio –dólar muy caro– encarece el producto importado. En la sobrevaluación de la tasa de cambio tiene el gobierno rentista un mecanismo para distribuir la renta petrolera, aún cuando esto signifique sacrificar ingresos fiscales adicionales que podría obtener si vende los petrodólares más caros.

La tasa de cambio equivale a la cantidad de bolívares que hay que entregar por cada unidad de la divisa extranjera. En el proceso de intercambio comercial entre dos economías normales –sin la distorsión del ingreso rentístico que sufre la economía venezolana–, lo que pasa de un país a otro son bienes que resultan de diferentes niveles de productividad, cuya expresión monetaria es la tasa de cambio. En los inicios del capitalismo rentístico, la sobrevaluación de la tasa de cambio favoreció la importación de materias primas, maquinarias y equipos para impulsar la producción nacional. Pero ese mismo dólar subsidiado facilitó la importación de toda clase de bienes finales que compitieron ventajosamente con la producción nacional, perjudicando así el logro de los objetivos de soberanía productiva.

Cuando el 95% del ingreso en divisas proviene de una renta internacional –y no de exportar una amplia gama de bienes con valor agregado– encontrar una tasa de cambio que exprese la productividad de la economía real no es tarea fácil. El Estado-propietario recibe un caudal de petrodólares que no tiene como contrapartida la diversificación de la economía, sino la exportación de un recurso natural. Como el ingreso en divisas no es fruto de la competitividad internacional del aparato productivo local, el gobierno decide cambiar los petrodólares por bolívares a partir de una tasa que fija sin tener en cuenta la productividad real de la agricultura o la industria. Debido a esta unilateral decisión, el comercio internacional no se hace según una tasa de cambio que exprese la productividad relativa, sino según el objetivo de la política económica:

1. Si el objetivo es mantener bajos los precios, la tasa de cambio será baja
2. Si se trata de proteger la producción local, la tasa de cambio será alta
3. Si hay necesidad de generar nuevos ingresos fiscales, se devaluará

La caída del precio del petróleo y de la producción de crudos, así como el consumo interno, afectan el ingreso fiscal. Para aliviar el déficit, la devaluación suele ser el mecanismo al cual apelan los gobiernos rentistas para equilibrar sus cuentas. Como el Estado es el perceptor directo de los petrodólares, al venderlos más caros obtiene más bolívares y así puede corregir su déficit. En la práctica, es una especie de impuesto cambiario que recoge parte de la liquidez que ya existe y evita el financiamiento del déficit fiscal con nuevas emisiones de dinero inorgánico.

¿Cuál será el impacto de las casas de cambio en la frontera?

Con base en el Decreto de Emergencia Económica, el presidente de la República, Nicolás Maduro autorizó el funcionamiento de casas de cambio en la frontera, así como la convertibilidad de bolívares por pesos y viceversa. “Ya no tendrá que ir nadie a Colombia y toda persona que esté en la frontera y necesite hacer sus cambios, podrán hacerlo en las casas de cambio que estoy creando en el marco de la zona económica fronteriza de desarrollo”, anunció Maduro.

Para calcular el precio del bolívar en pesos hay que dividir la tasa de cambio oficial de Colombia entre la tasa de cambio oficial de Venezuela. En Colombia hay una sola tasa de cambio oficial (2.900), pero en Venezuela hay dos: Dipro y Dicom. Si se toma la tasa Dipro de 10 Bs./$, el precio es 2.900/10 = 290 pesos por bolívar. Pero si se toma Dicom, el precio cae a 2.900/680 = 4,26 pesos por bolívar.

Ante las distorsiones que genera un régimen de cambios múltiple, la Resolución 8 del Banco de la República de Colombia (Banco Central) autorizó a los cambistas en Cúcuta fijar su propia tasa de cambio de pesos por bolívares, sin anclarse a las tasas de cambio oficiales de ambos países. Esto dio origen a cálculos poco transparentes que han derrumbado el precio del bolívar a menos de un peso, con el consiguiente impacto en el dólar paralelo. Tal distorsión se erradicaría al unificar el régimen de cambios y fijar una sola tasa de cambio para el cálculo del precio del bolívar en pesos.

Ante el colapso del comercio binacional debido a la escasez de divisas, los presidentes Maduro y Santos autorizaron el intercambio comercial en bolívar/peso. Con la apertura de las casas de cambio en la frontera se espera que la  triangulación bolívar/pesos/dólar se haga con base en la tasa Dicom. Teóricamente, con la tasa de cambio de 1Bs.=4pesos y no 1Bs.=1peso que imponen en Cúcuta, los importadores venezolanos obtendrán más pesos por cada bolívar y así podrán comprar más dólares a una tasa de cambio implícita de 725 Bs/$, la cual resulta de dividir la tasa de cambio oficial de Colombia entre la tasa de cambio de pesos por bolívares en las casas de cambio en la frontera, 2.900/4=725 Bs./$.

¿Quién se beneficia?

En el intercambio de bolívares por pesos confluyen diferentes actores: está el comercio legal que compite en desventaja con el contrabando; también está la economía criminal del narcotráfico, los traficantes de armas y las bandas de secuestradores; e, incluso, hay que considerar la demanda de empresas y profesionales que intentan proteger sus ingresos en bolívares y compran pesos que luego cambian por los dólares que no les vende ni Cencoex ni Simadi.

Y ahora hay que agregar las empresas autorizadas para importar productos a una tasa de cambio mayor, con tal de surtir el Programa de Abastecimiento Complementario (PAC). Estas empresas relacionadas con las gobernaciones de los estados fronterizos se verían muy favorecidas si aseguran que las nuevas casas de cambio les paguen por cada bolívar cuatro veces más pesos, los cuales utilizarían para importar con pesos desde Colombia, al amparo del acuerdo Maduro-Santos.

El consumidor final se beneficiaría de un aumento en la oferta de productos importados, siempre y cuando los precios se calculen con base en la tasa de cambio Dicom, en sustitución del dólar paralelo.

¿Cuál será el impacto?

Con base en la relación entre las dos tasas de cambio oficial (2.900/680=4,26), el Gobierno fijó como tasa de cambio en la frontera 4 pesos por bolívar. En las casas de cambio autorizadas se podrá comprar diariamente un máximo de $ 200 dólares en efectivo y $ 300 dólares por transferencia. Pero hay que dejar claro que esta medida no genera nuevas fuentes de divisas, cuestión que dependerá de la recuperación de los precios del petróleo, el aumento de las exportaciones no petroleras y el acceso al financiamiento internacional.

Ahora bien, no tiene ninguna lógica que las personas naturales o jurídicas de Colombia que quieren comprar en Venezuela, crucen la frontera para adquirir bolívares a 4 pesos, cuando en su propio país los cambistas se los venden a 1×1. Los venezolanos que tienen pesos tampoco los van cambiar a 4×1, si al otro lado de la frontera el cambio es de 1×1. Nadie en su sano juicio va a comprar bolívares a cuatro pesos en las nuevas casas de cambio, si en Cúcuta los venden a un peso.

El comercio ilegal seguirá operando a la tasa de 1×1, a menos que se ejecuten masivas operaciones de lavado de dinero y legitimación de capitales a través de la compra de bolívares a cuatro pesos, con el fin de justificar su procedencia y limpiar el origen ilegal de esos fondos. Hasta ahora la única fuente legal para alimentar las casas de cambio en la frontera serían los pesos que acumulen las bombas de gasolina que venderán en moneda colombiana el combustible venezolano.

Mientras no se erradiquen los incentivos perversos de los subsidios a la gasolina y alimentos, mientras se mantengan los controles de cambio y de precios, y mientras se prolongue el régimen de cambios múltiples en lugar de crear un mercado libre de divisas, las nuevas casas de cambio en la frontera no tendrán dólares ni pesos y, por lo tanto, no podrán abatir la tendencia alcista del dólar paralelo.

Si el Gobierno colombiano deroga la resolución que permite fijar arbitrariamente el precio de bolívares en pesos, pero el Gobierno venezolano mantiene un férreo control de cambios, la demanda insatisfecha de divisas se trasladará al paralelo. Y si no se detiene la espiral inflacionaria que pulveriza la moneda nacional, las empresas y profesionales que facturan en bolívares correrán a refugiarse en el dólar y mantendrán una creciente presión sobre el mercado paralelo.

En vez de impulsar cambios sustanciales en la política cambiaria y de precios, el Gobierno cree que con la sola apertura de estas casas de cambio podrá derrotar la arbitrariedad de los cambistas en Cúcuta que fijan sin criterio técnico el precio del bolívar en pesos y especulan con el dólar paralelo. De hecho, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, aseguró que esta medida tiene el objetivo de “salvaguardar la moneda venezolana”. Al día siguiente de abrir las casas de cambio, el dólar paralelo subió de 3.300 a 3.600 Bs./$.

Las creencias limitantes del gobierno

Muchas de las medidas planteadas para superar la crisis económica el gobierno teme tomarlas porque les atribuye un impacto antipopular, con alto costo político en un año de elecciones de gobernadores y alcaldes. Paradójicamente, en las parlamentarias del 6-D, el oficialismo pagó en demasía el costo político de su inacción, justamente por no aplicar las medidas que son de sentido común y amplio consenso. La mentalidad rentista que predomina en el gobierno apuesta a un aumento de los precios del petróleo para luego distribuir clientelarmente la renta. Así cree que podrá aumentar su popularidad y mejorar su opción electoral.

Preso de sus creencias limitantes y del desconocimiento de las leyes básicas que rigen el comportamiento de la economía, el gobierno no entiende porqué los rígidos controles de precios no impiden que Venezuela sufra la inflación más alta del mundo, ni porqué el control de cambios no pudo evitar la fuga de capitales y el descalabro de las reservas internacionales.

En lugar de ejecutar políticas para liberar las fuerzas productivas, el gobierno impone su obsesión controladora sobre la empresa privada que sufre los estragos de una acción punitiva, plagada de multas y sanciones que alejan a los inversionistas. Los rígidos controles de cambio y de precios, la madeja de trámites y permisos, los abusos en las inspecciones, las exageradas multas, el arbitrario cierre de empresas y el encarcelamiento de sus gerentes, espantan la inversión, estimulan la fuga de capitales, castigan la producción y generan desempleo, escasez y empobrecimiento de la población.

Cambio de nombres pero no de políticas

Fusionar el ministerio que se encarga del complejo manejo de las finanzas públicas con otros ministerios que deben responder asuntos igualmente complejos como el diseño y ejecución de las políticas agrícolas e industriales, es recargar a un solo ministro con un alud de responsabilidades que no podrá atender como lo exigen las actuales circunstancias de enorme déficit fiscal, contracción del PIB por tercer año consecutivo y feroz inflación que devora el poder adquisitivo de los salarios.

Los frecuentes cambios de ministros que no terminan de presentar los resultados esperados, revelan el desacierto en la escogencia de los mismos. Larga es la lista que ha rotado por los ministerios de la economía sin comprender la naturaleza de la crisis que deben encarar. Presionados por la urgencia, improvisan medidas aisladas e ineficientes, con peores resultados que los ajustes neoliberales, pues no terminan de corregir las causas estructurales de los desequilibrios. Y así solo se agravan los flagelos de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación y empobrecimiento generalizado de la población.

No funcionan los incesantes cambios de ministros si no se comprende la naturaleza de la crisis y si antes no se define un programa de ajuste expansivo con bienestar social, con las medidas cambiarias, fiscales, monetarias y de precios que son de consenso, y que deben ser aplicadas en armonía con los instrumentos de política agrícola e industrial, en la secuencia debida y a la velocidad adecuada. Solo así será posible enderezar el rumbo de la economía y poder tener un 2017 mucho mejor que al año anterior.