Para el 15 de octubre está fijada la celebración de las elecciones de gobernadores pospuestas desde el año pasado y que en este caso se limitarán a la escogencia de los mandatarios y no también de los miembros de los Consejos Legislativos Regionales. Un evento que en esta oportunidad asume una mayor importancia política después de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 cuando las fórmulas opositoras obtuvieron, después de 16 años por primera vez, mayoría en la composición de la Asamblea Nacional. De esta manera, la consulta se inscribe en el cuadro de creciente conflictividad agudizada en los últimos meses y cuyas trágicas consecuencias han impactado incluso el ámbito internacional. Los resultados de la elección parlamentaria de 2015, introdujeron un nuevo elemento en la confrontación que ha vivido el país entre el proyecto ideológico de Chávez-Maduro y los planteamientos democráticos de los partidos políticos tradicionales. Sin reparar que la tendencia reflejada en las urnas respondía a una situación excepcional marcada por las características de una inédita crisis nacional y no la habitual relación entre mayoría y minoría electoral (sin reparar tampoco que no estaba en juego la Presidencia de la República), la dirigencia opositora asumió, en un acto imperdonable de “voluntarismo”, que se había producido un cambio de fondo en la correlación política que en la práctica significaba no sólo una victoria electoral, sino también un mandato para la sustitución del Gobierno.
Calle y violencia
Esta convicción alimentó una estrategia durante un año de enfrentamientos y desconocimiento de los poderes constituidos y estos, como era previsible, también actuaron al ritmo de las nuevas circunstancias. De esta manera, durante año y medio la nación vivió un recalentamiento del clima político lo cual también representaba un agravamiento de la situación económica y social. La dirigencia opositora asumiendo que era mayoría mediante el mecanismo legítimo del voto, abandonó el cronograma electoral que le resultaba claramente auspicioso para eventos futuros. El razonamiento era simple: si en la consulta parlamentaria se expresó una amplia mayoría determinada en buena parte no por razones estrictamente políticas (el equilibrio gobierno-oposición) sino por un estado de emergencia social, era de suponer que si la situación no era revertida a tiempo esta tendencia favorable habría de expresarse en las elecciones siguientes. En esta línea se inscribía como segundo paso la elección de los gobernadores. Sin embargo, se impuso finalmente una tesis radical e inmediatista, según la cual ya existían condiciones suficientes para salir del Gobierno.
Hacia el 2018
Se privilegiaron entonces propuestas al margen de la programación electoral, como la activación del revocatorio presidencial, una reforma para el recorte del período, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y una mayor apuesta a la presión internacional. Sin tomar en cuenta los episodios anteriores de la polarización, en especial en los años del 2001 al 2004, se subestimó la capacidad política y social del Gobierno reduciendo el tema a una mera contabilidad de votos registrada en un escenario ocasional. Era entonces previsible lo ocurrido en el 2017. La imposibilidad de implementar las nuevas salidas y la reacción represiva y ventajista del Gobierno conducían inevitablemente a la reactivación de la violencia tal como ocurrió a lo largo de cuatro meses con el sangriento y lamentable resultado que ya se conoce. Entre los planteamientos de las protestas de calle ocupaba lugar importante la convocatoria a las elecciones de gobernadores junto con la solicitud de sanciones internacionales que fueron activamente propuestas en el seno de la OEA, sin los resultados que previamente parecían garantizados por la gestión de su Secretario General Luis Almagro. De tal forma, las movilizaciones de calle si bien persistieron se transformaron finalmente en los llamados “trancazos”, que resultaban contraproducentes y rechazados por la población.
El primero de mayo, el presidente Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constitu-yente en una iniciativa que pareció desesperada y con propósitos principalmente publicitarios. Automáticamente, sin tomar en cuenta que el planteamiento constituyente también era suyo, se opuso a la iniciativa de manera rotunda alegando que se omitía la consulta popular previa tal como en 1999 y la definición de las bases comiciales; y en contrapartida se convocó a un plebiscito no vinculante que ciertamente el 16 de julio constituyó una formidable jornada popular. Ello obligó al oficialismo a insistir en la Asamblea Constituyente que se realizó el 30 de julio y que desde hace mes y medio discute sobre asuntos sustanciales propios del poder presidencial.
Para completar la jugada, Maduro propuso al CNE la convocatoria de las elecciones regionales, colocando de este modo a la dirigencia opositora en un serio dilema. ¿Cómo explicar el rechazo a la Constituyente y el llamado a la abstención si luego habría que hacer todo lo contrario en el caso de la escogencia de gobernadores, y con las mismas condiciones, con el mismo árbitro y las reglas del juego que habían privado en el caso de la ANC? Era lógico entonces que sectores de la oposición expresara inicialmente su rechazo y que para el militante opositor común resultara contradictorio el anuncio inmediato de la MUD de participar en la jornada regional de octubre.
La constituyente: un recurso
A pocos días de las elecciones podría hablarse de un cambio en la correlación de fuerzas que se expresó en el caso de la Asamblea Nacional. No cabe duda de que el fracaso de la estrategia insurreccional opositora de los últimos meses, aunado a reveses anteriores, debería reflejarse en un cuadro de desánimo y confusión en los sectores opositores más activos. Al mismo tiempo, habría de considerar que la Constituyente ha cumplido con dos objetivos favorables al régimen: le ha permito a Maduro delegar en ella temas sumamente sensibles como las decisiones económicas entre otras y que la composición de la ANC ha significado una especie de “resurrección emocional” del chavismo originario por la vía del reencuentro con temas que le eran propios y además con un relativo poder de decisión en asuntos nacionales.
Más allá de los posibles resultados electorales de octubre, el hecho cierto es que la sola celebración de la consulta apunta hacia la estabilización política y abre espacio para la discusión y la definición del tema presidencial el próximo año. Como ha dicho el analista Luis Vicente León: “Aunque el Gobierno pierda gobernaciones no perderá el poder y seguirá con el control de la gobernabilidad de Miraflores”. Y habría que agregar también desde la Asamblea Nacional Constituyente.