La confrontación política nacional se orienta en direcciones que finalmente podrían conducir a un diálogo o aproximación de posiciones en función de la convivencia entre el Gobierno y la oposición. En las últimas semanas tres escenarios se han conformado que apuntan en la misma dirección.

Constituyente

El presidente Nicolás Maduro anunció el 1 de Mayo la convocatoria a un proceso constituyente con el argumento de que una vez fracasados los recientes intentos de diálogo resultaría pertinente trasladar la confrontación a una Constituyente, que en defi nitiva, es el mecanismo constitucional que apela al poder originario. El sorpresivo anuncio era lógico que despertara el rechazo inicial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), comprometida ya con una política de calle que ha representado durante más de dos meses acciones de protesta con un desenlace de decenas de muertos, heridos, detenidos y cuantiosos daños materiales en el territorio nacional. Un grupo de califi cados juristas rechaza la convocatoria sobre la base de que ésta debería ser sometida previamente a un referéndum consultivo de acuerdo al antecedente de la ANC de 1999 que aprobó la Constitución vigente. Un señalamiento que contó con el apoyo de las fuerzas opositoras e incluso de la Fiscal General de la República, Luisa Ortegas Díaz, y de calificados voceros del ofi cialismo, y por supuesto del llamado “chavismo disidente”.

Una comisión especial presidida por el ministro Elías Jaua, realizó durante tres semanas un ciclo de consultas con diferentes sectores y culminó su tarea declarando que más allá de la decisiones contrarias de la MUD, Fedecámaras y la Conferencia Episcopal, el planteamiento había recibido un importante respaldo entre actores distinto a los partidos comprometido en la confl ictividad que afecta al país. En paralelo el Consejo Nacional Electoral (CNE) activó el mecanismo para el mes de julio y la realización de elecciones de gobernadores para el 10 de diciembre de este año 2017, y abrió la inscripción de aspirantes a constituyentes, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su Sala Constitucional daba a conocer la sentencia 378 que establece que “no es necesario un referéndum previo para la consulta electoral propuesta por el Presidente de la República”. El jueves 1 de junio la rectora del CNE, Sandra Oblitas, anunció que se evaluaba “una gran participación de las personas con deseo de postularse en todo el país”, y ese mismo día la Fiscal Ortega Díaz recurrió entre la Sala correspondiente para solicitar una interpretación de la decisión por considerarla “regresiva y violatoria de los derechos humanos”. El Presidente Maduro, por su parte, indicó que de todas maneras lo aprobado por la Asamblea sería sometido a un referéndum aprobatorio, disipando el temor de que se tratase de aprobar un instrumento al margen de la voluntad popular.

¿Culminará el proceso en marcha en julio con la elección de los miembros de la nueva ANC, o éste pudiese ser interrumpido de convocarse a un nuevo diálogo ya sobre bases más confi ables y seguras entre el Gobierno y la oposición, con mediación internacional y que apunte ciertamente hacia un mínimo acuerdo en función de la paz? Algunos analistas consideran que la propuesta presidencial y su activación sería una manera de tener en la mano una fuerte herramienta de negociación, ya que no parece políticamente viable que una Asamblea, sin el apoyo de los principales actores políticos sociales y económicos, pueda convertir en constitucionales los contenidos del “Plan de la Patria” (tal como lo han planteado voceros ofi cialista), que ya fueron rechazados en la derrotada reforma constitucional de 2007 y que ahora, dado el desgaste en la popularidad y apoyo al Gobierno demostrado con el resultado de la elecciones parlamentarias de 2015 y la tendencia sostenida de las encuestas, ésta pudiera imponerse en un votación abierta, sin que ello no contribuya a profundizar aún más la violencia y los enfrentamientos.

Presión Internacional

El 31 de mayo la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió la reunión de Consulta de Cancilleres sobre la situación de Venezuela en la cual se esperaba una declaración crítica demandando incluso el cese de la convocatoria constituyente y contando para ello con el número de votos requerido para sumar la mayoría. Como se sabe, la instancia se ha convertido en los últimos meses en un escenario de discusión de los acontecimientos nacionales, gracias a la polémica participación de su secretario general Luis Almagro y más aun después que el Gobierno venezolano decidiera su retiro de la Organización (único caso desde su creación en 1948) por considerar que ella ha desnaturalizado sus objetivos iniciales y se ha puesto al servicio de una estrategia de Estados Unidos y varios países aliados para facilitar una intervención foránea en Venezuela.

El jueves 1 de junio la canciller Delcy Rodríguez anunció la convocatoria “de inmediato” a los cinco países que habrían aceptado ayudar en un proceso de diálogo: Nicaragua, El Salvador, San Vicente y La Granadinas, República Dominicana y Uruguay, y que además concurrirá a la nueva reunión de la OEA entre el 19 y 21 de junio en Cancún (México). También durante la semana el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (uno de los exmandatarios mediadores en el frustrado diálogo del año pasado) sostuvo en Caracas numerosas reuniones con el Presidente Maduro, dirigentes del PSUV y de la MUD, para la aprobación de un documento mucho más concreto que los anteriores, que garantizaría los resultados de nuevas conversaciones.

La presión de calle

Desde hace más de 60 días en el país se han registrado numerosas protestas convocadas por la MUD por la plena vigencia del orden constitucional, la celebración de elecciones de gobernadores y alcaldes; la libertad de los presos políticos, y la ayuda humanitaria internacional ante el grave desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Si bien estas acciones se han concebido como protestas pacífi cas y civilizadas, en la práctica han devenido en una prolongada batalla entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpos policiales locales, grupos armados infi ltrados y manifestantes con un saldo hasta el momento de más de 60 muertos, miles de detenidos y da- ños materiales en edifi cios públicos y residenciales, establecimientos comerciales e industrias y cierres recurrentes de vías y calles no sólo en las tradicionales zonas opositoras del este de Caracas sino incluso en remotos lugares del interior del país.

Las protestas en este caso se diferencian de años anteriores en que ya no se limitan a los partidos que las promueven sino que se han extendido a sectores sociales seriamente afectados por una dramática situación económica y ante la cual no se perciben respuestas efi caces ni viables sino más bien el camino a su agravamiento.

De la misma manera que la iniciativa de la ANC es una importante herramienta de negociación en manos del Gobierno, la prolongación, perfectamente factible, de la llamada “presión de la calle” por parte de la MUD supone también un instrumento decisivo para obligar a conversaciones y negociaciones. Por primera vez, por encima de las peticiones e intereses puntuales de los actores, existen elementos concretos y con incidencia directa en la sociedad que podría facilitar fi nalmente la búsqueda de algún entendimiento que abra paso a perspectivas de paz en el futuro. Tendría vigencia entonces la vieja sentencia militar: hay que hacer la guerra para conquistar la paz.