La severa polarización política que vive el país, y que despierta cada día una mayor atención de la opinión internacional ha conducido como era previsible al desencadenamiento nuevamente de la violencia en las calles. Pareciera que las cúpulas políticas se niegan a reconocer que en el fondo de la crisis venezolana cobra fuerza el incremento de las acciones delictivas en todas sus expresiones y que ello de manera directa condiciona la vida de los ciudadanos.
Las últimas protestas y manifestaciones con saldos de muertos, heridos, saqueos y toda suerte de atentados contra la ciudadanía obliga nuevamente a plantear el tema del diálogo y la aproximación de gobierno y oposición ya no solamente en torno a los intereses estratégicos de los actores, sino en función de un acuerdo de verdadero carácter nacional e inclusivo. De ello, sin duda, depende el futuro de la democracia entendida en todas sus expresiones y de un clima mínimo de convivencia, pero también la vida de la mayoría de los venezolanos sometida actualmente a severas y a largas privaciones y sacrificios.
Cuando los partidos opositores obtuvieron mediante el voto la mayoría de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015, era obvio que se dibujaba un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo como consecuencia de dos visiones del manejo del Estado en función ideológica, y dos formas distintas de entender la gobernabilidad. Era entonces necesario dar los pasos en función de una reinstitucionalización del Estado. Por el contrario las tensiones entre el oficialismo y las expresiones opositoras que cobraron particular gravedad durante los años 2002 y 2003 reaparecieron ahora con mayor fuerza. El frustrado Referéndum Revocatorio Presidencial impulsado por la Mesa de la Unidad Democrática; la apelación ante la OEA para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana; y el fallido diálogo con mediación internacional en especial del Vaticano, desembocaron en las polémicas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre decisiones de la Asamblea Nacional y las respuestas no menos controversiales de ésta. A ello se añadió la posición asumida por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz en rechazo al comportamiento del Poder Judicial en esta materia; y finalmente el llamado de la oposición para acciones de calle que a su vez activaron operativos de seguridad policiales y militares, condujeron en las últimas semanas a un grave y peligroso escenario de costosos enfrentamientos.
Nuevo escenario
A diferencia de lo ocurrido hace 15 años, la crisis venezolana ahora ha suscitado el interés y una mayor preocupación de gobiernos incluso tradicionalmente amigos del régimen que parecen convencidos de la necesidad de una presencia más activa ante el “caso Venezuela”. A ello se añaden los cambios de gobierno en Argentina y Brasil con mandatarios abiertamente críticos al presidente Maduro a diferencia del pasado, y también la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, lo cual de hecho ha desatado un efecto que presagia el resurgimiento de las tensiones propias de la “Guerra Fría”. Si bien en aquellos tiempos era posible eludir y enfrentar las presiones internacionales apelando a legítimos sentimientos nacionalistas y patrióticos como en el caso de Cuba en los años 60, ello ha cambiado de manera radical en el escenario de la política mundial y ahora al margen de decisiones que se consideren soberanas e inscritas en realidades nacionales, el hecho cierto es que la opinión internacional resulta en muchos casos decisiva, en busca de salidas y desenlaces.
Se sabe que más que razones jurídicas, que en la geopolítica cuentan poco, en tiempos de globalización y emergencia creciente de las redes sociales, es la opinión pública la que logra definir decisiones favorables o desfavorables para los gobiernos. Lo ocurrido con la “Primavera Árabe” desde 2011 es más que elocuente. Gobiernos con fuerte apoyo militar y electoral, relegitimados por el voto, unos y resguardados por la fortaleza bélica, otros cedieron ante el peso de oleadas de masas estimuladas por campañas informativas y las respuestas que ellas tuvieron en instancias fundamentales del poder mundial. El caso de Libia es más que aleccionador, sin mencionar la tragedia que todavía hoy vive el pueblo sirio convertido en el centro de una devastadora guerra. El desenlace en la mayoría de los casos no supuso los cambios que originaron las protestas y las acciones de calle y en algunos sirvieron más bien, para ahondar crisis económicas y sociales; pero todas ellas surgieron de decisiones desacertadas, de abusos de poder, de provocaciones de los agentes políticos o de violaciones ostensibles de las normas constitucionales y los derechos humanos.
La situación venezolana aún no es asimilable a lo ocurrido en esos países, pero el curso que llevan los hechos y la negativa a valorar la magnitud y alcance de lo que ocurre, así como la necesidad de correctivos y medidas que resultan inevitables incluso más allá de sus costos, podrían acercarse o establecer a la larga un paralelo con lo ocurrido en otros continentes con sus impredecibles consecuencias.
El camino del diálogo
Como se ha dicho en las discusiones en el seno de la OEA, en las declaraciones de organizaciones de la sociedad civil, incluso en el reclamo de varios gobernantes más allá del continente y como lo sugiere la más elemental comprensión de la política, el único camino posible ante la crisis es un diálogo en busca de acuerdos que trasciendan los intereses de los factores en pugna y que sea capaz de estimular la participación de sectores cada vez mayores de la sociedad. La polarización venezolana en cambio, en la medida que se radicaliza se separa peligrosamente del llamado “país nacional”. Las cúpulas políticas parecieran privilegiar sus objetivos inmediatos y no entender que Venezuela vive una situación excepcionalmente grave. Siempre se trata, por supuesto, de encontrar espacios para una mejor gobernabilidad, pero también de abordar ahora una verdadera catástrofe que por encima de sus orígenes, obliga a políticas especiales que requieren de un amplio acuerdo nacional con participación de todos los sectores. De agravarse el enfrentamiento que hoy se vive en el país no habría garantías de que eventuales salidas estén en manos de las fuerzas que pugnan por preservar el poder a toda costa o de aquellas que asumen el cambio y la alternancia como un simple juego en las democracias tradicionales, sin tomar en cuenta la complejidad de la actual confrontación.
Manuel Felipe Sierra
Periodista y analista político
@Manuelfsierra