El siguiente es un informe realizado por la profesora Pasqualina Curcio a solicitud de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos FUNDALATIN en el marco de la 40° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y de la visita de la Comisión Técnica enviada a Venezuela por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. Lo consideramos un documento altamente valioso, pues constituye el estudio más sistemático y riguroso en torno al impacto real de las medidas coercitivas impuestas contra Venezuela y la guerra económica.
Adicional al levantamiento de dicho impacto, la profesora Curcio insiste en su llamado: el gobierno nacional debe trascender la mera denuncia mediática de las medidas y la guerra económica y hacer uso de los mecanismos existentes en las instancias internacional respectivas a fin de trascender a la denuncia formal y combatirlas en el terreno legal.
“Estados Unidos prepara nuevas y significativas sanciones contra Venezuela” [2]. Este fue el titular de muchos períodicos a nivel mundia el pasado 12 de marzo. La información la dio a conocer Elliot Abrams, enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela.
Declaraciones similares las han ofrecido otros voceros de la Casa Blanca. Recientemente y al mismo estilo del “hacer chillar la economía” pronunciado por Richard Nixon al referirse a Chile a inicios de los 70´, William Brownfield dijo:
“Si vamos a sancionar a PDVSA, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mayor resolución sería acelerar el colapso aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”.
Desde 1999, el pueblo venezolano ha sido víctima de sistemáticas agresiones por parte de los gobiernos de EEUU. Recordemos el sabotaje, en noviembre de 2002, contra la principal industria del país, Petróleos de Venezuela. Empresa que genera el 98% de los ingresos en divisas a la nación, y cuya paralización implicó una pérdida de 16.000 millones de dólares para la economía venezolana.
A partir del año 2013, luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez e iniciando el primer período presidencial de Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense retomó las agresiones contra el pueblo venezolano las cuales fueron encubiertas, pero que con el pasar del tiempo son no solo abiertas y formales, sino más intensas.
Se trata de agresiones económicas que no solo se han limitado a medidas coercitivas unilaterales caracterizadas principalmente por bloqueos financieros y comerciales, sino que también han atacado nuestra moneda, el bolívar, induciendo una hiperinflación y una desestabilización de todos los sectores de la economía derivando en una importante contracción de la producción nacional y por lo tanto afectando a la población venezolana. Se trata de una guerra económica.
Las agresiones económicas forman parte de un plan cuyo objetivo es derrocar el gobierno constitucional, legítimo y democráticamente electo en Venezuela mediante la generación de la desestabilización económica y política, que acompañada con un discurso en el que se responsabiliza al gobierno bolivariano y a su modelo, permita socavar el apoyo popular, así como fracturar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que derive en un golpe de Estado.
Dicho plan ha sido develado en dos sendos documentos suscritos por el Jefe del Comando Sur de los EEUU, Kurt Tidd. El primero de ellos titulado Venezuela Freedom-2 Operation, y el segundo Golpe maestro para acabar con la ´dictadura´ de Venezuela.
Se lee en estos documentos:
“Intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de su representante, socavar el apoyo popular… Continuar endureciendo la condición dentro de las Fuerzas armadas para llevar a cabo un golpe de Estado…
…Alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y el desabastecimiento…contribuir a hacer más crítica la situación de la población…
…Incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro…Obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo desmotivar a los posibles inversores foráneos.”
En el marco de estos planes, los cuales requieren del apoyo de la comunidad internacional para la posterior entrada en territorio venezolano, el gobierno de los EEUU se plantea como estrategia la generación de una crisis humanitaria que justifique la intervención por la vía de la ayuda humanitaria. Se puede leer en los documentos:
“Especial interés adquiere, en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está “cerca del colapso y de implosionar” demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas…
…Doctrinariamente hay que responsabilizar al Estado y su política controladora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez.”
No podemos dejar de mencionar que el ataque terrorista y criminal al sistema eléctrico nacional perpetrado el 07 de marzo que resultó en un apagón y dejó sin electricidad, agua y comunicaciones a toda la población venezolana por un lapso de casi tres días, poniendo en riesgo la vida de venezolanos y vulnerando sus derechos humanos, forma parte de estos planes para generar caos y desestabilización.
Centraremos este informe en el impacto de las agresiones económicas sobre el pueblo venezolano. Consideramos tanto las medidas coercitivas unilaterales, es decir, las sanciones y bloqueos financieros y económicos, como el ataque a la moneda. Se presenta la metodología para la estimación de las pérdidas ocasionadas por estas agresiones, así como la fuente de la información.
Cronología de las medidas coercitivas contra el pueblo venezolano
- Diciembre 2014. El Congreso de EEUU aprueba la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” mediante la cual se establece la hoja de ruta para la política de EEUU hacia Venezuela y que otros Estados, bajo su influencia adopten medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela.
- Marzo 2015. Barack Obama dicta la Orden Ejecutiva 13692 mediante la cual declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
- Marzo 2016. La administración estadounidense renueva por un año la Orden Ejecutiva 13692.
- Mayo 2016. El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones, bancos públicos venezolanos y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
- Julio 2016:
- El banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en EEUU, entre ellas las del Banco Central de Venezuela (BCV).
- Las calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del mundo (2640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido con sus compromisos de deuda externa. Desde el año 2013 Venezuela pagó 63 566 millones de dólares, sin embargo, este índice incrementó 202% durante el mismo período, pasando de 768 en 2012 a 2323 en 2016. Cada 100 puntos de riesgo-país equivalen a 1% adicional de tasa de interés.
- Agosto 2016. Novo Banco (Portugal) informa la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con bancos venezolanos, por presiones ejercidas por bancos corresponsales de esta institución.
- Septiembre 2016. El gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7 mil 100 millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses atemorizan a los inversionistas con declarar default (impago) si acceden a la propuesta venezolana.
- Noviembre 2016. El banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares.
La petrolera estadounidense, Conoco Phillips, demanda a PDVSA ante una Corte en Delaware, EEUU, por una operación de canje de bonos. El objetivo de este recurso legal consistía en atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación. - Diciembre 2016. La empresa Crane Currency, proveedora de billetes del Departamento del Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las piezas del cono monetario, retarda el envío de los nuevos billetes.
- Julio 2017:
- La empresa Delaware Trust, agente de pago de los bonos de PDVSA, informa que su banco corresponsal (PNC Bank) en EEUU se niega a recibir fondos provenientes de la petrolera venezolana.
- El banco Citibank (EE.UU) se niega a recibir fondos venezolanos para la importación de 300 mil dosis de insulina.
- El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC), dicta sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos, incluyendo al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, un día después de la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
- Agosto 2017. El banco suizo Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar operaciones financieras con Venezuela.
- Octubre 2017. El bloqueo financiero de EEUU imposibilita a Venezuela depositar en el banco suizo UBS recursos para vacunas y medicamentos adquiridos a través del Fondo Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, lo que generó un retraso de cuatro meses en la adquisición de vacunas, alterando los esquemas de vacunación en el país
Agosto 2017. El banco Bank Of China (BOC – Panamá), informa que debido a instrucciones del Departamento del Tesoro de EEUU y a presiones del gobierno panameño, no podrá realizar ninguna operación en divisas a favor de Venezuela.
Bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones a bancos venezolanos, por la restricción impuestas por bancos corresponsales en EEUU y Europa, a operaciones de Venezuela.
El corresponsal del banco BDC Shandong, alegando razones administrativas, paraliza una transacción por 200 millones de dólares hacia Venezuela a pesar de que los fondos habían sido girados por la República Popular China.
Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13808: “Imposición de sanciones con respecto a la situación en Venezuela” la cual establece las siguientes prohibiciones:
Que el gobierno venezolano adquiera nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días.
Que PDVSA adquiera nueva deuda mayor a 90 días.
Nueva obtención de acciones por parte del gobierno de Venezuela.
Pago de dividendos o distribución de ganancias al gobierno de Venezuela por parte de empresas que operan en EE. UU., lo que afecta especialmente a la refinería CITGO.
La empresa Euroclear encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos de Venezuela, congela operaciones de liquidación de títulos, alegando razones de “revisión”. A la fecha, Euroclear mantiene retenidos 1.600 millones de dólares sin posibilidad de movilización.
Septiembre 2017. El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN), emite una alerta denominada “banderas rojas” que impone un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela, para impedir el pago de alimentos y medicinas.
Un cargamento de 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegan al país porque el banco Citibank boicoteó la compra de este importante insumo.
El desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del programa Comité Locales de Abastecimiento y Precios es interrumpido por trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense.
Venezuela es incluida en la lista de países con prohibición de viajes a EEUU (travel ban). La prohibición aplica sólo a funcionarios del gobierno venezolano.
Octubre 2017. La empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor importador estadounidense de crudo venezolano, suspende compras directas a PDVSA.
Canadá aprueba el proyecto de ley S-226 que le autoriza a imponer restricciones en materia de las transacciones de bienes y congelar los activos de funcionarios extranjeros.
La petrolera estadounidense NuStar Energy prohíbe a PDVSA el uso de un terminal de almacenamiento en el Caribe.
El Banco Deutsche Bank informa al banco Citic Bank de la República Popular China, el cierre de sus cuentas de corresponsalía, por procesar pagos de PDVSA.
Noviembre 2017. Colombia bloquea el despacho del tratamiento antimalárico (primaquina y cloroquina) solicitado al laboratorio BSN Medical en ese país.
Las transnacionales farmacéuticas Baster, Abbot y Pfizer se niegan a emitir certificados de exportación a medicamentos oncológicos imposibilitando la posibilidad de compra por parte de Venezuela.
EEUU sanciona e inhabilita a funcionarios venezolanos que administran los programas de provisión de alimentos, impidiéndoles firmar acuerdos comerciales o convenios internacionales que favorezcan la política alimentaria de Venezuela.
La Unión Europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de seguridad a Venezuela.
El Banco Deutsche Bank principal corresponsal de Banco Central de Venezuela (BCV), cierra definitivamente las cuentas.
Un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, son devueltas por bancos internacionales.
La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declara a Venezuela en “default selectivo”.
Diciembre 2017. Son bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el transporte de combustible, lo que origina escasez de este producto en varios estados.
Un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero son cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores.
Son retenidos en el extranjero 471 mil cauchos para vehículos comprados en el exterior cuyos pagos fueron realizados.
Enero 2018. 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un valor de 1.241 millones de dólares, no puedieron ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las sanciones.
Febrero 2018. El Departamento del Tesoro de EEUU, amplía las sanciones financieras a Venezuela y empresas venezolanas establecidas en la Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017. Impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de PDVSA, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.
Marzo 2018.
La Administración Trump:
Renueva por un año la orden ejecutiva 13692
Renueva la orden ejecutiva 13808 e impone 6 nuevas medidas coercitivas que atentan contra la estabilidad financiera de Venezuela, al prohibir la reestructuración de la deuda e impide la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano.
Dicta la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana “Petro”.
El Gobierno de Panamá publica una lista de 55 ciudadanos venezolanos sancionados (incluyendo al Presidente Nicolás Maduro) y 16 empresas venezolanas consideradas de “alto riesgo”.
Abril 2018. Canciller de Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, y a nombre del Grupo de Lima, anuncia que han decidido crear un grupo de seguimiento para estudiar medidas políticas y económicas contra Venezuela. En la misma Cumbre, EEUU y Colombia acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las transacciones financieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de suministro de productos básicos que requiere el paí
Mayo 2018. Reclamando un fallo favorable de un laudo arbitral por 2 mil 40 millones de dólares ante la Cámara de Comercio Internacional, la petrolera estadounidense Conoco Phillips anuncia que embargará activos internacionales de PDVSA.
Bloquean el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, para el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis.
El gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos del programa de subsidio alimentario de los Comités Locales de Abastecimiento y producción CLAP.
En represalia por la elección presidencial para el período 2019-2025, en la que votaron más de 9 millones de ciudadanos y Nicolás Maduro gana con el 67% de los votos, Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13835 en la que amplía las sanciones económicas contra Venezuela y mediante la cual prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del Gobierno de Venezuela.
EEUU sanciona a 20 empresas de Venezuela por supuestos lazos con el narcotráfico.
Agosto 2018. EEUU autoriza a Crystallex para confiscar activos de Citgo Petroleum, propiedad de PDVSA.
El gobierno de Brasil dejó de pagar 40 millones de dólares que adeuda a la Corporación Eléctrica de Venezuela por suministro de energía al estado de Roraima. El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, declaró que la deuda eléctrica “no ha sido cancelada por el bloqueo económico y financiero impuesto por EEUU y la Unión Europea contra Venezuela”.
Noviembre 2018. Donald Trump prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país sudamericano.[12]
Enero 2019. La administración de Donald Trump aprueba nuevas sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que incluye el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial CITGO, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.[13]
Cómo han atacado la moneda
Paralelamente a la aplicación de medidas coercitivas, bloqueos, sanciones y apropiación de activos, el imperialismo, ha estado atacando la moneda nacional, el bolívar, con el objetivo de inducir la inflación y afectar los niveles de producción nacional. Lo hace mediante la manipulación diaria del tipo de cambio a través de portales web cuyos dominios residen en territorio estadounidense, específicamente Miami.
Al manipular el tipo de cambio y cotizarlo a un valor mayor al oficial inciden sobre los precios de todos los bienes importados, los cuales, a su vez son requeridos para los procesos de producción. El aumento de los precios de los productos importados eleva todos los costos de producción y por consiguiente los precios de los bienes finales. Es lo que se conoce como un shock de oferta que se manifiesta en una estanflación, es decir, aumento de precios (inflación) con estancamiento o recesión económica.
Históricamente, los incrementos del tipo de cambio en Venezuela derivan en aumentos de los precios internos de la economía, lo que ocurre es que a partir del año 2013, dicho tipo de cambio ha estado siendo manipulado políticamente a través de portales web que residen en EEUU:
Esta agresión contra la economía venezolana y por lo tanto contra el pueblo todo, tiene tres efectos: 1) deteriora el salario real; 2) contrae los niveles de producción; 3) hace insuficiente el gasto y la inversión públicas.
Desde el año 2013 hasta la fecha han manipulado el tipo de cambio 3500 millones por ciento. En 2013 lo cotizaban en 8,69 BsF/US$ y hoy lo publican en 350.000.000 BsF/US$:
Nada ha ocurrido en la economía venezolana que permita explicar esta supuesta depreciación de la moneda en tales magnitudes. Ha sido una manipulación del tipo de cambio que atiende a un patrón de comportamiento político asociado a momentos de alta conflictividad o de procesos electorales:
Hemos estimado las pérdidas que ha ocasionado el ataque a la moneda sobre los niveles de producción nacional que sumadas a las ocasionadas por el bloqueo, las sanciones y las apropiación ilegal de nuestros activos dan muestra de la magnitud criminal de las medidas coercitivas unilaterales por parte del imperialismo contra el pueblo venezolano.
Impacto de la Guerra Económica contra el pueblo de Venezuela
A 114.302 millones de dólares ascienden las pérdidas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales que, desde el 2013 y hasta la fecha, EEUU ha impuesto al pueblo venezolano, incluyendo el ataque a la moneda nacional.
De estos 114.302 millones, 21.450 millones de pérdidas han sido ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos financieros, los embargos comerciales, el robo de los activos de CITGO, los recursos que se dejan de percibir por tal acto de pillaje, el oro retenido en Inglaterra y los euros bloqueados en Euroclear.
La diferencia, es decir, 92.852 millones de dólares, corresponde a lo que hemos dejado de producir como consecuencia del ataque a la moneda, que además de inducir la inflación, también contrae los niveles de producción nacional.
Impacto de las medidas coercitivas unilaterales
En un escenario de estimación muy conservador, las pérdidas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales ascienden a 21.450 millones de dólares hasta la fecha. Incluye:
11.000 millones de dólares de pérdidas por lo que se dejará de percibir debido a la apropiación ilegal de la empresa petrolera y venezolana CITGO por parte de EEUU.
7.000 millones de dólares por la apropiación ilegal de los activos de CITGO.
1.600 millones de dólares retenidos por Euroclear.
1200 millones de dólares equivalente al oro retenido por el Banco de Inglaterra [15].
467 millones de dólares por el descenso del valor de los títulos valores en custodia en Euroclear, los cuales pasaron de USD 1.093.529.941,96 a 625,90MM, descendiendo 57,24% como consecuencia del bloqueo financiero.
37 millones de dólares por trabas operativas que vienen imponiendo las navieras y los puertos internacionales, como es el caso del roleo de la carga que tiene como destino a Venezuela y el aumento de los tiempos de espera; aunado al incremento de las tarifas.
655 mil dólares por transferencias, consultas de pagos, enmiendas de las transferencias, entre costos operativos. Antes de la aplicación de las sanciones estadounidenses, las instrucciones de pago eran enviadas a través de los bancos corresponsales y eran ejecutadas en 48 horas. Ahora en promedio, un pago se hace efectivo entre 10 y 20 días continuos.
20 millones de dólares por el diferencial cambiario al verse obligada la República a adoptar otras divisas, distintas al dólar americano, para realizar las transacciones financieras y comerciales.
264 millones de dólares por pérdida del bono adquirido a través de Credit Suisse correspondiente a la deuda pública externa.
Se trata de estimaciones conservadoras por cuanto no incluyen por ejemplo, las pérdidas ocasionadas por la descomposición de alimentos o medicamentos retenidos más del tiempo previsto en los buques, o el costo adicional de transporte y trámites administrativos ocasionados por la necesidad de realizar triangulaciones en las compras y así evitar sanciones a empresas o países por parte de EEUU.
Impacto del ataque a la moneda
Entre las agresiones económicas no podemos dejar de considerar el ataque a la moneda por las afectaciones sobre el pueblo venezolano, las cuales no solo se limitan al deterioro del salario real producto de la hiperinflación inducida que dicho ataque ocasiona, sino que además tiene un efecto de contracción de la producción nacional y por lo tanto del consumo nacional. Este ataque proviene de páginas web cuyo dominio reside en EEUU, específicamente el portal web dolartoday.
Históricamente la producción nacional en Venezuela ha estado determinada en 96,6% por los niveles de exportación petrolera, durante los últimos 4 años, y particularmente desde el 2016 la venta del petróleo ha incidido solo en 60% sobre el producto interno bruto, el otro 40% está influenciado por el shock de oferta consecuencia del ataque a la moneda. En otras palabras, la caída del producto interno bruto que desde el año 2016 hemos registrado se debe, en 60% a la caída de las exportaciones petroleras, y en 40% al ataque a la moneda.
Es por esta razón que, a pesar de la recuperación de las exportaciones petroleras en 2017 y 2018 (1), debido principalmente al aumento del precio del hidrocarburo, el producto interno bruto no se recuperó, sino que mantuvo su tendencia descendente:
En condiciones normales, es decir, de no haber habido manipulación política del tipo de cambio, se hubiese esperado una recuperación del PIB al verse incrementadas las exportaciones. No ha sido el caso en 2017 y 2018.
En un escenario conservador, suponiendo condiciones normales, sin guerra económica, sin ataques al bolívar, con un precio promedio del barril de petróleo de 45 US$, y con niveles de exportación petrolera alrededor de US$ 37.000 millones, similares a las exportaciones del año 2015, lo que supone iguales niveles de producción petrolera que los registrados ese año, es decir, 2,9 millones de barriles diarios e implica suponer que no hubiese habido un sabotaje en la industria petrolera , el producto interno bruto debió ubicarse alrededor de US$ 131.000 millones, equivalentes a la del año 2015.
Al calcular la diferencia anual del producto interno bruto anual esperado, es decir, el del 2015, con lo efectivamente producido los años 2016, 2017 y 2018, se obtiene que, en total, durante esos 3 años se dejaron de producir US$ 92.852 millones.
De esa pérdida estimada en US$ 92.852 millones, la cual incluye los efectos del ataque a la moneda y del boicot silencioso a la industria petrolera, US$ 41.691 millones corresponden al ataque a la moneda.
Al sumar las pérdidas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales y las relacionadas con los niveles de producción nacional debido al ataque a la moneda y al boicot a la producción petrolera, resulta una pérdida total de 113.652 millones de dólares.
Para el tamaño de la economía venezolana, esta cifra representa un poco menos de la producción nacional de todo un año con un precio de US$ 45 el barril de petróleo. El producto interno bruto del año 2015 ascendió a US 131.626 millones.
Estos 114.302 millones de dólares equivalen también a la importación de medicamentos y alimentos para abastecer a los 30 millones de venezolanos durante 26 años. Por ejemplo, el año 2004 en el que no se registró escasez de comida la importación, incluyendo la materia prima para la producción, fue US$ 2.160 millones (cifras del Instituto Nacional de Estadísticas). En el caso de los medicamentos, la importación ascendió a US$ 2.259 millones. Es decir, con US$ 4.300 millones al año se cubren las importaciones y se abastece de insumos, materias primas y productos finales para alimentos y medicamentos a toda la población.
Las pérdidas que hasta la fecha han ocasionado las sanciones, el bloqueo y el ataque a la moneda coinciden con la inversión en salud para 10 años tomando en cuenta que ésta representa alrededor del 10% del producto interno bruto anual. En otras palabras equivalen a la garantía de prestar el servicio de salud hospitalario, ambulatorio, preventivo, tanto del sector público como privado, a todos los venezolanos durante 10 años.
Representan garantizar el derecho a la educación durante 10 años, tanto pública como privada, desde prescolar hasta universitaria. La inversión en educación representa el 10% del producto interno bruto anual.
Estas pérdidas representan las importaciones totales anuales para 7 años y medio, incluyendo maquinarias, repuestos, transporte, materias primas, insumos, alimentos y medicamentos, textiles, productos de la industria química, etc. Por ejemplo, el año 2004, en el que no hubo desabastecimiento, las importaciones anuales sumaron 15.161 millones de dólares.
Corresponden a la deuda externa total de la República, la cual debemos pagar en un plazo de 20 años.
Para que tengamos otras referencias y podamos reconocer la magnitud del ataque criminal y genocida sufrido por el pueblo venezolano ofrecemos otros indicadores:
Con los 1.200 millones de dólares que Inglaterra nos tiene retenidos en oro se adquieren los alimentos para 6 millones de hogares por 6 meses.
Solo con 20 millones de dólares se cubre la atención y el tratamiento para 3 años a todas las personas con malaria.
Con 40 millones de dólares se procura el tratamiento antirretroviral para personas con VIH y con Sida durante 2 años.
Con 18 millones de dólares adquirimos las 9 millones de dosis de vacunas para aplicar el plan de vacunación anual.
Con los 11.000 millones de dólares que representan las pérdidas por el acto de pillaje contra CITGO, importamos todas las medicinas y material médico quirúrgico incluyendo los insumos para la producción interna durante 5 años.
Cada número aquí presentado corresponde al rostro de una mujer, un hombre, un niño, una niña venezolanos. No se trata solo del impacto económico sobre las importaciones o la producción, se trata del impacto que estas agresiones económicas tienen sobre la garantía de los derechos humanos de cada venezolano.
Estas agresiones afectan de manera masiva y sistemática a toda la población, tanto civil como militar.
No obstante, debemos precisar que Venezuela no se encuentra en una situación de crisis humanitaria. Sin desconocer las dificultades para la adquisición de alimentos y medicamentos que estas agresiones han ocasionado, en el país se desarrollan actividades rutinarias laborales, educacionales, recreativas con normalidad.
A pesar del ataque criminal contra el pueblo de Venezuela, los últimos 6 años se han construido más de 2,5 millones de viviendas, no se ha cerrado un solo hospital o una escuela, las empresas de alimentos y medicamentos siguen operando en nuestro territorio.
Venezuela sigue ocupando el primer lugar como país menos desigual de América Latina según cifras de la CEPAL.
Son indicadores que muestran que a pesar de las dificultades causadas por la guerra económica, Venezuela no se encuentra en situación de crisis humanitaria, por lo tanto no requiere ayuda humanitaria.
Los venezolanos requerimos que cesen las agresiones, que se levanten las sanciones y el bloqueo y que detengan el ataque a nuestra moneda.
Guerra Económica: crimen de lesa humanidad
El bloquear financiera y económicamente a un país, propiciar un embargo comercial, retener sus divisas, apropiarse de sus activos y atacar su moneda no solo violan toda normativa internacional, sino que además constituyen crímenes de lesa humanidad según la definición dada por el Estatuto de Roma.
Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU visitó Venezuela en noviembre de 2017, se reunió con todos los sectores de la sociedad y elaboró un informe (2) en el que afirma que “[l]a solución de la «crisis» venezolana radica en las negociaciones de buena fe entre el gobierno y la oposición, el fin de la guerra económica y el levantamiento de las sanciones”.
De Zayas sugirió a los Estados Partes en el Estatuto de Roma “reconocer los crímenes geopolíticos, entre éstos las medidas coercitivas unilaterales y las manipulaciones monetarias que inducen hiperinflación, como crímenes de lesa humanidad”. Plantea que “la guerra económica, los embargos, los bloqueos financieros y los regímenes de sanciones equivalen a crímenes geopolíticos y de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional” por cometerse como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Estas agresiones económicas que el imperialismo ha puesto en práctica cada vez que se siente amenazado con la posibilidad de que se consolide un modelo de justicia social, de igualdad, que garantice los derechos humanos a toda la población, trascienden en tiempo y espacio las fronteras venezolanas. Ocurrió con el proyecto socialista de Salvador Allende en Chile entre 1970 y 1973, o el de la revolución sandinista en Nicaragua en los 80, o en cuba de la década de los 60 hasta nuestros días.
Lo dijo Allende en su discurso ante la Asamblea de la ONU el 04 de diciembre de 1972, en el que denunció que su país estaba siendo agredido, discurso que, por cierto, pocos creyeron:
“El portavoz del Grupo Africano declaró, que su Grupo se solidarizaba plenamente con Chile porque no se trataba de una cuestión que afectara sólo a una nación, sino que potencialmente a todo el mundo en desarrollo. Esas palabras tienen un gran valor, porque significan el reconocimiento de todo un Continente, de que a través del caso chileno está planteada una nueva etapa de la batalla entre el imperialismo y los países débiles del Tercer Mundo.”(subrayado nuestro)
Es hora de que estas acciones coercitivas del imperialismo sean no solo develadas y denunciadas ante el mundo, sino además reconocidas como crímenes de lesa humanidad.
Los venezolanos no necesitamos ayuda humanitaria, lo que reclamamos es justicia para impedir la impunidad de declaraciones como las ofrecidas por el portavoz del Departamento de Estado de EEUU quien dijo al abordar la efectividad de las medidas coercitivas unilaterales: “La campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto (…) han obligado al Gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo (…) es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos”.
Reconocer las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda como crímenes de lesa humanidad sería un paso importante para la estabilidad y la Paz mundial.
En este aspecto, la ONU tiene, desde hace décadas, una gran deuda.
Notas:
1. Esta cifra corresponde al promedio de espera de los buques, que aumentó en un 33,33% pasando de 45 días en el año 2017 a 60 días en el año 2018. A los costos por días de demora, que han aumentado 51,52%, pasando de USD. 16.500 a USD. 25.000 en el caso de buques a granel, resumiéndose en un costo adicional respecto al año 2017 de USD. 26,65MM. En el caso de los buques por contenedores, sus costos asociados aumentaron en promedio un 40,63% desde USD. 3.200 a USD. 4.500, resumiéndose en un costo adicional respecto al año 2017 de USD. 10,40MM. (Tomado del informe del Ministerio del poder popular para las Relacione Exteriores. “Sanciones y bloqueo. Crimen de lesa humanidad contra Venezuela”. Septiembre 2018.
2. Organización para las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo en su visita a la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, Alfred-Maurice de Zayas. 2018.
Pasqualina Curcio / Publicado originalmente en 15 y último
